A través de una columna publicada en el portal Los Danieles, el director del Instituto Anticorrupción, Camilo Enciso, denunció que el grupo político que lidera el excandidato a la Alcaldía de Bogotá Miguel Uribe Turbay supuestamente tiene el manejo de una cuenta de los recursos destinados para el COVID-19.
Según Enciso, el grupo ha recibido “contratos cuantiosos” con cargo a la denominada Subcuenta Covid, manejada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que, explica, es la encargada de administrar los recursos del Estado para la atención de la pandemia con el respaldo administrativo de la Fiduprevisora.
Sin embargo, Uribe respondió a la publicación diciendo que se trataba de una calumnia sin pruebas y negó que estuviera vinculado a la subcuenta que maneja recursos para el COVID-19 o que promoviera la contratación de algún funcionario para ese equipo, pues, de hecho, según dice, solo conoce a 4 de las 70 personas que lo componen y fue enfático en que llegaron al cargo por sus capacidades. “No tengo intereses en contratos de la subcuenta de ninguna clase”, aseveró en un video.
Además, aseguró que Camilo Enciso, “como contratista de Claudia López (en la Veeduría Distrital), ha guardado silencio ante corrupción y nepotismo en Alcaldía”, a pesar de “posar como independiente”. También resaltó en su cuenta de Twitter que nunca ha actuado por fuera de la ley. “Si son tan relevantes los supuestos hallazgos ¿por qué no hay una denuncia al respecto?”, cuestionó.
A través de dicha cuenta es que deben pagarse los acuerdos suscritos con las farmacéuticas AstraZeneca y Pfizer en búsqueda de dosis de la vacuna contra el coronavirus. “Tras su derrota electoral, el grupo político de Miguel Uribe Turbay recibió un importante premio de consolación del Gobierno Nacional: el manejo de la Subcuenta Covid”.
En su denuncia, el director del Instituto Anticorrupción alega que el Gobierno de Iván Duque eligió como gerente general de la Subcuenta a Adriana Lucía Jiménez, quien fungió como abogada de la Secretaría de Gobierno en tiempos de Uribe Turbay, y luego como gerente de campaña del exfuncionario. “Con su nuevo contrato con cargo a la Subcuenta Covid pasó a ganarse $14′673.713 mensuales. En cuatro años prácticamente logró cuadruplicar sus ingresos”.
Adicionalmente, dice Enciso, se cuenta el caso de Claudia Candela Bello, quien fue asesora de la campaña política del candidato y que pasó a recibir los mismos honorarios que Jiménez, así como Juan Sebastián Castro, filósofo y administrador público, que fue jefe de la oficina asesora de Planeación de la Secretaría de Gobierno y que hoy, a través de la Subcuenta, recibe $10′565.073.
“Varios contratistas más, de origen diverso, reciben honorarios que superan los diez millones de pesos. Algunos pasan de los $17 millones mensuales y casi ninguno gana menos de siete”, agrega Enciso, quien también llamó la atención por los contratos que ha recibido el general en retiro (r) Gustavo Rincón Rivera, un férreo crítico de la Justicia Especial para la Paz (JEP) que presta servicios de asesoría jurídica e intentó ser presidente de ACORE (Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares).
El director del Instituto recuerda que el general (r) ha dicho que la JEP es una justicia “hecha para bandidos” y que en Twitter ha publicado mensajes del siguiente calibre: “Lo insólito, la machorra programando plantones, cacerolazos, y el desorden, el narcoterroristas (sic) asesinó (sic) del M19 incitando al vandalismo, dos personajes nefastos que se deberían de (sic) ir para Venezuela a disfrutar la escasez @IvanDuque orden y autoridad Colombia nos pertenece”.
Ante ello, Enciso reclama que es un personaje así quien “es el oráculo jurídico que debe orientar los esfuerzos del Gobierno por enfrentar la pandemia desde la Subcuenta Covid. Uno puede preguntarse con terror si en manos del general Rincón –este Ulpiano criollo que recibe uno de los honorarios más altos entre los profesionales contratados por la Subcuenta– están la revisión y la negociación de los contratos de compra de vacunas con las multinacionales productoras, asesoradas por las firmas de abogados más poderosas del planeta”.
Por último, el director llamó la atención por otro contrato, con el consorcio Primero Salud (conformado por Pezata Publicidad y Pubblica SAS), para difundir contenidos relacionados con la pandemia y que asciende a casi $18.000 millones. El contrato, de apenas cuatro meses, incluye obligaciones como la producción de un “carro valla con sonido”, por $60 millones, y “perifoneo”, por $24 millones.
“Mientras tanto, el Gobierno Nacional sigue radicando proyectos de ley anticorrupción, hablando de meritocracia y el presidente Duque hace una gentil invitación a quienes ejercemos el control social y la veeduría ciudadana ‘a no hacer politiquería con la vacunación’”, concluye.
Fuente: EL ESPECTADOR